La LISI ha sido aprobada en el Congreso de Diputados, la enmienda que instaba a la desaparición del canon antes de un año ha caído en el olvido y la libertad de expresión en la Red, en el apartado de quién puede censurar una página web, sigue siendo tan difusa como en los borradores, por más garantías nos den de que solo los jueces decidirán en esos supuestos.

En lo que respecta al canon, la nueva ley supone que tendremos que pagar más por los móviles, los MP3 y las memorias USB a partir de mediados de enero, en virtud de las tarifas aprobadas esta misma semana (y luego subirá el IPC).

Otros de los puntos candentes de la ley es la posibilidad de bloqueo administrativo de contenidos. El abogado y experto Carlos Sánchez Almeida recordó que esta posibilidad existe en la actual LSSI, y que con esta reforma "se ha vuelto a perder la oportunidad de ‘blindar’ Internet como un espacio de libertad frente a posibles censuras administrativas".

El nuevo contenido del artículo 11 de la LSSI posibilita a entidades administrativas el bloqueo de contenidos en la Red, siempre que no vulneren la libertad de expresión. No obstante, lo que no queda claro es quién decide esto último, ya que en ningún momento se especifica que sea un juez quien decide esto.

Según este artículo, "la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución sólo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes". La pregunta es: ¿quién decide que cuándo la restricción afecta a la libertad de expresión?

El texto de la nueva ley recoge también que los contenidos digitales de titularidad pública serán puestos a disposición del público "sin restricciones tecnológicas para su uso, copia o distribución", siempre que se cite la autoría y se distribuyan en los mismos términos, en un acercamiento a las licencias ‘copyleft’.

Esto se aplicará a los contenidos cuyos derechos pertenezcan a las administraciones o sean de dominio público, siempre que no se perjudique al funcionamiento de la administración y "no afecte al interés general". También reconoce la cesión libre de contenidos por parte de personas físicas o jurídicas. Así, se recoge expresamente el derecho de cesión de derechos de explotación de una obra por sus dueños, siempre que las obras derivadas se distribuyan igual.

Además, insta a la difusión a entidades y ciudadanos en general de "todas aquellas herramientas que sean declaradas de fuentes abiertas (‘software’ libre) por las administraciones".

Por otro lado, otro punto importante tiene que ver con la extensión de la banda ancha "con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica".

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