Recientemente se ha aprobado la LISI (LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información) que introduce una serie de modificaciones tanto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, como en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, además de grandes innovaciones normativas en materia de facturación electrónica.

En lo que respecta a facturación electrónica, anteriormente ya se había publicado la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, de carácter general. 

La nueva ley establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público (Ley 30/2007, de contratos del sector público), definiéndose el concepto legal de factura electrónica: “un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que permite atribuir la factura a su obligado tributario emisor”.

Para la factura electrónica se hace necesario disponer de firma electrónica, con la que firmar los documentos.

El formato de factura que se ha acordado para el ámbito de la administración publica española es Facturae y deberá ir firmada con firma digital, según la especificación XML Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903, tal y como se recoge en la Orden PRE/2971/2007, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el emisario o destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado.

Formato XSD de la factura.

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