Esta semana se vota la nueva regulación del mercado de telecomunicaciones, más conocido como  ‘Paquete Telecom’.
Este nuevo paquete se ha visto influido por tres de los lobbies más fuertes del mundo: el político, el de las telecomunicaciones y el de los derechos de autor.
telecoms_packageEl paquete de medidas otorga a las empresas de telecomunicaciones poder para convertirse en auténticos policías de la red: pueden examinar las comunicaciones, decidir si lo que recibes o envías puede pasar por la red o debe ser bloqueado, impedir el acceso a determinados sitios en función de cualquier tipo de criterio y sin pasar por un órgano judicial, o vender acceso preferencial a determinados sitios como si fueran canales de televisión.  Gracias a eso, las empresas de telecomunicaciones dejar de ser simples utilities.

Además, obtiene acceso a los contenidos de las empresas que explotan la propiedad intelectual, el lobby de los derechos de autor, que pasan a estar en un entorno en el que pueden desconectar de la red a quienes consideren “infractores” de unas leyes redefinidas a su antojo o bloquear aquellos sitios que puedan resultar potencialmente peligrosos para su modelo de negocio.

Finalmente, el lobby político obtiene el entorno soñado: donde antes se enfrentaba a una enorme masa de gente con capacidad de opinar y de exponer sus opiniones a otros, ahora únicamente tendrá que hablar con las empresas de telecomunicaciones para que dejen fuera de sus ofertas preferenciales a aquellos que les resulten incómodos. Una internet “bajo control”.

Las votaciones serán muy comprometidas por la contradicción entre las propuestas legislativas y la protección de los derechos de los internautas a la hora de acceder a la Red y a sus contenidos. En última instancia, lo que el Parlamento Europeo va a decidir es que Internet siga siendo Internet, una red libre regida por su protocolo, o se convierta en el coto privado de unos pocos que pueden decidir a su antojo qué circula y qué no circula por ella.

El debate previo a la votación ha mostrado la divergencia de opiniones: algunos de los eurodiputados destacaron que “no restringe ningún derecho”. En cambio, otros lamentaron su “ambigüedad” y que pueda llegar a justificar leyes como la que tramita Francia, según la cual un organismo podría cortar el acceso a Internet a un usuario que descargue ilícitamente contenidos sin necesidad de una orden judicial.

El texto de compromiso alcanzado por la Eurocámara y los países de la UE, tras una ardua negociación por la oposición de países como Francia, Reino Unido o Alemania, indica que no se impondrá “restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales”.

Todo ello, señala, conforme con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad de expresión y de información, “excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior”.

La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, recalcó que el texto reconoce que el acceso a Internet forma parte de los derechos fundamentales, como la educación y la información, y que los internautas tendrán derecho a un “proceso judicial justo”.

El ponente de uno de los informes legislativos, el conservador británico Malcom Harbour, aseguró que “no es una propuesta que restringe ningún derecho de nadie”.

Para la también ponente Catherine Trautmann, socialista francesa, el Parlamento ha demostrado su defensa de los derechos de los usuarios en un punto que suscitó el “rechazo radical del Consejo”, la llamada ‘enmienda 138/46′. En cambio, para otros eurodiputados, como la alemana Rebecca Harms, del grupo de los Verdes/ALE, esa enmienda, “desde el punto de vista jurídico, no es ideal”, y apuntó que los derechos de propiedad intelectual “se deberían regular en otro lugar, no deberían entrar aquí, donde estamos regulando el mercado”.

Su correligionario Daniel Cohn-Bendit consideró en una rueda de prensa que la redacción del texto es ambigua, lo que motivará que el Tribunal de Justicia de la UE sea quien tenga que determinar si leyes como la francesa son válidas bajo la nueva directiva.

La sueca Eva-Britt Svensson, de Izquierda Unitaria Europea, afirmó que “hay antiguas estructuras que pretenden regular Internet utilizando una excusa”, y que “nadie debe quedar excluido del acceso a Internet”.

La eurodiputada irlandesa de Independencia/Democracia Kathy Sinnott señaló que “lo que define a Internet es la libertad”, mientras que “algunos defienden un futuro con limitaciones, en el que el libre movimiento de los datos se encuentre con obstáculos”.

Aquí tienes quiénes son y lo que han votado.

Puedes enviar peticiones a los eurodiputados a través de páginas como ésta.

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